El Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes
El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y busca facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
La sanción fue posible con el respaldo de La Libertad Avanza y sectores de la oposición, entre ellos representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. El peronismo rechazó la iniciativa y cuestionó principalmente la flexibilización de determinados mecanismos de control.
Uno de los objetivos planteados por el Ejecutivo es ampliar el universo de contribuyentes que pueden incorporarse al régimen simplificado y generar condiciones para que parte de los denominados “dólares del colchón” ingresen al sistema financiero.
La nueva legislación elimina los límites de ingresos anuales y patrimonio que regían para acceder al esquema. Hasta ahora, estaban establecidos topes de $1.000 millones anuales de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.
También introduce modificaciones sobre las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA.
Cambios en las discrepancias detectadas por ARCA
Otro punto central es la modificación del concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo una diferencia entre lo declarado por un contribuyente y la información detectada por el organismo recaudador puede generar consecuencias dentro del régimen.
Con la nueva legislación, se considerará significativa una diferencia cuando implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos de al menos el 15%, bajo las condiciones establecidas por la normativa.
Además, el esquema contempla una reducción del 25% en determinadas multas aplicables a personas humanas y pequeñas y medianas empresas que ingresen al sistema.
El oficialismo argumentó durante el debate que estas modificaciones buscan reducir la incertidumbre de los contribuyentes y simplificar las obligaciones relacionadas con las declaraciones patrimoniales.
Los funcionarios públicos quedaron excluidos de los beneficios
Uno de los puntos que concentró buena parte de la discusión parlamentaria fue la situación de los funcionarios públicos.
El texto aprobado establece restricciones para quienes ocupen cargos públicos o los hayan desempeñado durante los cinco años anteriores a la incorporación al régimen.
Desde el oficialismo señalaron durante la sesión que los funcionarios podrán utilizar mecanismos de simplificación, pero no acceder a los beneficios y presunciones establecidos para otros contribuyentes.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió la reforma y sostuvo que el nuevo esquema busca modificar la relación entre el Estado y quienes mantienen ahorros fuera del circuito financiero formal.
Según la posición oficialista, sucesivas crisis económicas, restricciones cambiarias e inflación llevaron a una parte de los argentinos a conservar sus dólares fuera del sistema bancario.
La oposición advirtió por la flexibilización de controles
Desde el peronismo se expresaron cuestionamientos a la reforma y se advirtió sobre una posible reducción de las herramientas disponibles para fiscalizar la evolución patrimonial de los contribuyentes.
Durante la discusión también surgieron propuestas para ampliar las restricciones del régimen a las personas políticamente expuestas y sus familiares.
El senador Fernando Salino planteó que la limitación no debería quedar circunscripta únicamente a quienes hayan desempeñado funciones públicas, sino alcanzar un universo mayor de personas vinculadas con cargos de relevancia institucional.
Las modificaciones propuestas no alteraron finalmente el núcleo de la iniciativa que llegó al recinto.
El Gobierno busca incorporar dólares al sistema formal
Otro de los argumentos utilizados por quienes acompañaron el proyecto fue la posibilidad de movilizar una parte de los ahorros en moneda extranjera que permanecen fuera del sistema financiero.
El senador Bruno Olivera defendió el esquema y sostuvo que la intención es modificar el tratamiento de los contribuyentes que mantuvieron ahorros fuera del circuito bancario.
El Gobierno considera que la simplificación tributaria puede incentivar la incorporación de esos fondos a la economía formal.
La discusión, sin embargo, dejó expuestas dos posiciones diferentes: mientras el oficialismo y sus aliados sostienen que las modificaciones brindarán mayor previsibilidad y reducirán cargas innecesarias para los contribuyentes, los sectores opositores que rechazaron la norma advierten sobre los efectos de flexibilizar los mecanismos de fiscalización.
Con la sanción del Senado, Inocencia Fiscal II quedó convertida en ley y comenzará una nueva etapa del régimen tributario simplificado, con modificaciones tanto en las condiciones de acceso como en determinados procedimientos de control.
