Villa Mercedes: el fiscal Olguín aseguró que el perjuicio en la causa Molino Fénix podría superar los $900 millones
El fiscal de Instrucción N.º 3, José Olguín, brindó nuevos detalles de la investigación por presuntas maniobras fraudulentas en el Molino Fénix y Casa de la Música. Aseguró que tienen identificadas 12 empresas y 114 operaciones bajo investigación y anticipó que ahora avanzarán sobre terceras personas que recibieron fondos.
La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix y Casa de la Música ingresó en una nueva etapa. El fiscal de Instrucción N.º 3, José Olguín, aseguró que la pesquisa dejó de estar concentrada exclusivamente en el presunto vaciamiento y retiro de bienes para avanzar sobre el circuito económico que habría permitido desviar fondos públicos.
Durante una entrevista con VM Multimedia, Olguín explicó que la Fiscalía considera acreditada la existencia de una operatoria presuntamente fraudulenta mediante empresas que, aunque figuraban formalmente registradas, no tendrían estructura real para prestar los servicios facturados.
Según detalló, se trata de firmas que no contarían con empleados, bienes, infraestructura ni actividad compatible con los trabajos que aparecían facturados al Molino Fénix.
“Tenemos 12 en este momento ya determinadas”, señaló el fiscal.
La hipótesis de la acusación sostiene que esas empresas emitían facturas por servicios u obras que no se habrían realizado. Posteriormente se gestionaban los pagos mediante cheques que eran endosados y finalmente cobrados por terceras personas que, según la investigación, no aparecían como proveedores del complejo.
Olguín aseguró que la Fiscalía cuenta con documentación para reconstruir esas operaciones: facturas consideradas apócrifas, cheques, registros bancarios, testimonios e incluso información sobre las personas y las cajas bancarias utilizadas para efectuar determinados cobros.
Investigan a quienes terminaron cobrando los cheques
Esta nueva etapa tendrá como objetivo determinar qué participación tuvieron las terceras personas que aparecen recibiendo el dinero.
El fiscal aclaró que la existencia de esos movimientos está acreditada, pero ahora deberá determinarse si quienes recibieron los fondos tuvieron una participación delictiva, si formaron parte de la presunta organización o si existe otra explicación para esas operaciones.
Entre las firmas mencionadas durante la investigación aparece Brio S.A., que, de acuerdo con lo expresado por Olguín, habría cobrado varios de esos cheques.
La aparición de nuevos involucrados fue además uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía para solicitar medidas de coerción contra los imputados. La acusación considera que existe riesgo de que eventuales testigos o personas vinculadas con los cobros puedan ser influenciadas o presionadas.
Olguín sostuvo que las medidas otorgadas por la Justicia no representan el objetivo final de la Fiscalía.
“Nuestra pretensión es llevar esta acusación a un final correcto, con una acusación, una elevación a juicio y que en un juicio oral se resuelva definitivamente la culpabilidad o no de los imputados”, explicó.
114 operaciones bajo la lupa
Uno de los datos más relevantes aportados durante la entrevista es la magnitud que habría alcanzado el mecanismo investigado.
El fiscal habló de 12 empresas y 114 casos u operaciones que presentarían características similares.
Además, indicó que los gastos habituales de la administración, como salarios, impuestos y servicios, eran abonados mediante transferencias, mientras que el sistema de cheques habría sido utilizado particularmente para las operaciones actualmente cuestionadas.
La Fiscalía intenta determinar ahora el recorrido completo del dinero y quién terminó recibiendo los fondos.
Para Olguín, la cantidad de operaciones constituye uno de los elementos centrales de la acusación, ya que considera difícil atribuir semejante cantidad de movimientos a errores administrativos aislados.
Los $900 millones podrían ser solamente una cifra provisoria
La investigación había establecido hasta el momento un perjuicio superior a los $900 millones, pero el fiscal anticipó que el monto podría crecer.
Olguín explicó que todavía resta recibir documentación del Banco Nación correspondiente a diferentes cheques investigados.
La entidad debe localizar las operaciones y remitir los registros y escaneos correspondientes, por lo que la Fiscalía todavía no habría terminado de relevar la totalidad de los movimientos que presentan las características investigadas.
Por ese motivo, ante la consulta sobre si el perjuicio podía superar los $900 millones, respondió afirmativamente y señaló que todavía existen cheques pendientes de análisis.
Testimonios, cámaras y documentación
Olguín también se refirió a la cantidad de pruebas incorporadas al expediente.
En relación con la primera etapa de la investigación, vinculada con la desaparición y traslado de bienes del complejo, afirmó que lograron reconstruir desde quién conducía vehículos utilizados para transportar elementos hasta las personas que realizaron las cargas y los lugares donde fueron trasladados.
También mencionó filmaciones, fotografías y declaraciones testimoniales.
Respecto de Casa de la Música, aseguró que se tomaron alrededor de 30 testimonios entre personal de seguridad, limpieza, cocina y administración, incluidos trabajadores que ya no pertenecían al establecimiento.
Según el fiscal, esos elementos permitieron profundizar la investigación y sostener las imputaciones realizadas.
El pedido de desafuero de Joaquín Beltrán
Otro de los puntos abordados fue la situación del diputado provincial Joaquín Beltrán.
Olguín confirmó durante la entrevista que el pedido de desafuero estaba siendo remitido formalmente a la Cámara de Diputados.
El fiscal explicó que la inmunidad parlamentaria no impide investigar a un legislador, pero existen limitaciones para disponer determinadas medidas como el arresto o avanzar hacia la instancia de juicio sin el correspondiente procedimiento de desafuero.
También cuestionó aspectos de la redacción del Código Procesal Penal provincial y señaló que existen problemas interpretativos que, en determinados casos, generan demoras o discusiones sobre cuál es el órgano judicial competente.
Una investigación que ahora apunta al destino del dinero
Con las medidas de coerción ya dispuestas y el pedido de desafuero presentado, la causa Molino Fénix abre ahora un capítulo que podría ampliar considerablemente el número de personas investigadas.
La Fiscalía buscará reconstruir quiénes cobraron los cheques, por qué recibieron ese dinero y qué relación tenían con las empresas que emitieron las facturas.
Olguín remarcó que la existencia de una transferencia o un cobro no determina automáticamente una responsabilidad penal. Esa será precisamente una de las cuestiones que deberá establecerse durante esta nueva etapa.
El objetivo final, sostuvo, es completar la investigación y llevar la acusación a juicio oral, donde deberá determinarse la responsabilidad o inocencia de cada uno de los imputados.
